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A principios de este año, durante el discurso anual de la Reina en el Reino Unido, el Príncipe Carlos informó al Parlamento sobre dos proyectos de ley. Uno de ellos —el Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa— ampliaría los poderes del gobierno para incautar y recuperar criptoactivos.

Mientras tanto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos incautó más de USD 3,000 millones en criptomonedas en 2021.

A medida que el stock monetario de las monedas digitales crece y el escrutinio de los ejecutores sobre la industria que está madurando se intensifica, la cantidad de fondos incautados aumentará inevitablemente.

Pero, ¿a dónde van estos fondos, suponiendo que no se devuelvan a las víctimas de estafas y fraudes? ¿Se subastan, como ocurre con los bienes confiscados? ¿O están estas monedas destinadas a ser almacenadas en algún tipo de billetera especial, que podría terminar como un fondo de inversión perfecto para las fuerzas del orden? Cointelegraph intentó obtener algunas respuestas.

Las oscuras raíces del decomiso civil

Para los recién llegados, las criptomonedas son dinero. En ese sentido, el destino de las criptomonedas incautadas no debería diferir mucho de otro dinero o propiedad confiscada. La confiscación civil, la toma forzosa de activos de personas o empresas presuntamente implicadas en actividades ilegales, es una práctica policial bastante controvertida. En Estados Unidos, se convirtió en una práctica habitual en la década de 1980 como parte de la guerra contra las drogas, y desde entonces ha sido objeto de fuertes críticas. 

En Estados Unidos, los bienes incautados pasan a ser propiedad permanente del gobierno si un fiscal puede demostrar que los bienes están relacionados con una actividad delictiva o si nadie exige su devolución. En algunos casos, los activos se devuelven a su propietario como parte de un acuerdo con la fiscalía. Sin embargo, algunos estiman que solo se devuelve el 1% de los activos incautados.

¿Cómo utilizan las fuerzas del orden el dinero que no tienen que devolver? Lo gastan en lo que quieren o necesitan, como equipos de ejercicio, coches patrulla, cárceles y material militar. En 2001, por ejemplo, el Departamento de Policía del Condado de San Luis utilizó USD 170,000 para comprar un vehículo táctico BEAR (Ballistic Engineered Armored Response). En 2011, gastó USD 400,000 en equipamiento para helicópteros. El Washington Post analizó más de 43,000 informes de confiscación e informó de que el dinero incautado se gastó en cosas tan variadas como un vehículo de transporte de personal blindado (USD 227,000), un banquete de premios para el sheriff (USD 4,600) e incluso la contratación de un payaso (USD 225) para “mejorar las relaciones con la comunidad”.

Algunos estados, como Missouri, obligan legalmente a que los fondos incautados se destinen a las escuelas, pero como señala el Centro Pulitzer, las fuerzas del orden se quedan con casi todo el dinero utilizando la laguna del Programa Federal de Reparto Equitativo. En 2015, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, emitió una orden que prohibía el decomiso de las agencias federales, pero su sucesor bajo la administración del presidente Donald Trump, Jeff Sessions, la derogó, calificándola de “herramienta clave que ayuda a las fuerzas del orden a desfinanciar el crimen organizado”.

El destino de las monedas incautadas en Estados Unidos, Reino Unido y la UE

Si bien ninguno de los expertos que hablaron con Cointelegraph pudo hablar sobre los aspectos técnicos del almacenamiento de criptoactivos incautados, el resto del procedimiento tiende a ser prácticamente el mismo que con los no criptoactivos.

Don Fort, exjefe de la División de Investigación Criminal del IRS que dirige el departamento de investigaciones del bufete de abogados Kostelanetz & Fink, le dijo a Cointelegraph que la única distinción principal es la necesidad de subastar los activos digitales:

“A nivel federal, la criptomoneda incautada va al Fondo de Confiscación del Departamento de Justicia o del Departamento del Tesoro. Una vez que los criptofondos son subastados por uno de los fondos de confiscación, los fondos pueden ser utilizados por las respectivas agencias federales de aplicación de la ley”.

Fort explicó que, al igual que con los fondos no cripto, la agencia que solicita los fondos confiscados debe presentar un plan o iniciativa específica para reclamar el dinero y gastarlo, y el plan debe ser aprobado por el Departamento de Justicia antes de que los fondos puedan asignarse al agencia.

Un procedimiento similar regula la asignación de criptomonedas incautadas en el Reino Unido. La Ley de Activos del Crimen de 2002 describe cómo se deben tratar las criptomonedas obtenidas del crimen una vez incautadas. Tony Dhanjal, jefe de impuestos de Koinly, explicó a Cointelegraph:

“Cuando se trata generalmente de activos confiscados —a diferencia del dinero en efectivo— el Ministerio del Interior se queda con el 50%, y el otro 50% se reparte entre la Policía, la Fiscalía de la Corona y los Tribunales. También hay margen para que parte de los activos confiscados se devuelvan a las víctimas del crimen cripto”.

Sin embargo, Dhanjal cree que es necesario actualizar la legislación para que se ocupe específicamente de los criptoactivos, ya que son un “reto único para los organismos de lucha contra el crimen como todo lo que ha habido antes”. El mencionado anuncio del Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa no incluía ningún detalle específico, aparte de la intención de “crear poderes para incautar y recuperar más rápida y fácilmente los criptoactivos”, pero una actualización del procedimiento de asignación de criptoactivos incautados es sin duda algo deseable.

Como suele ocurrir con las políticas reguladoras, la Unión Europea es más complicada. Si bien existen sistemas de asistencia mutua en materia penal dentro de la UE, la legislación penal es competencia de Estados miembros, y no existe un organismo único que coordine la ejecución o la incautación.

De ahí que existan diversas formas de gestionar las criptomonedas incautadas. Thibault Verbiest, socio del bufete de abogados Metalaw con sede en París, citó varios casos a Cointelegraph. En Francia, por ejemplo, la Agencia para la Recuperación y la Gestión de Bienes Incautados y Confiscados (AGRASC) se encarga de gestionar los bienes incautados. Verbiest declaró:

“Cuando, como resultado de una investigación judicial, los bienes han sido incautados, son, por decisión del fiscal, transferidos a la AGRASC, que decidirá, de acuerdo con los artículos 41-5 y 99-2 del Código de Procedimiento Penal, el destino de estos bienes; serán vendidos en subasta pública o destruidos”.

Pero no siempre es posible embargar los criptoactivos. En 2021, 611 Bitcoin (BTC) fueron vendidos en subasta pública por la AGRASC después de incautar los dispositivos de almacenamiento en frío utilizados por los procesados, que habían guardado sus claves de cifrado en una memoria USB. Como explicó Verbiest:

“Esto fue posible gracias a que los citados artículos permiten la incautación de los bienes muebles, por lo que se pudo incautar la memoria USB (y su contenido). El caso habría sido diferente si los criptofondos se hubieran almacenado en un servidor de terceros a través de un servicio de almacenamiento delegado, ya que los textos mencionados no permiten el embargo de bienes inmateriales”.

Dado que la práctica de la confiscación de bienes sigue siendo muy controvertida —algunos incluso prefieren llamarla “asalto de carretera”—, las criptomonedas proporcionan a sus propietarios al menos un grado relativo de protección. Sin embargo, dejando a un lado la tecnología, es en el ámbito de la política donde tanto los que acuñan como los que no acuñan tendrán que luchar contra la larga tradición de extralimitación de las fuerzas del orden.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión