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El Ministerio de Justicia de Japón, aparentemente, está estudiando la posibilidad de revisar una ley de confiscación de activos relacionada con la delincuencia organizada que incluiría la posibilidad de confiscar criptomonedas en dichos casos.

Si las noticias resultan ser ciertas, una posible revisión de la Ley de Castigo de la Delincuencia Organizada y Control de los Productos del Delito de 1999 permitiría a las fuerzas del orden y a los tribunales tomar el control de los criptoactivos utilizados en actividades delictivas como el blanqueo de dinero.

Según notas de medios de comunicación locales como el Yomiuri Shimbun del 4 de junio, el Ministerio de Justicia tendrá que entablar primero conversaciones sobre el asunto con el Consejo Legislativo antes de seguir adelante. Además, tendrá que perfeccionar detalles importantes, como la forma en que los agentes pueden obtener las llaves privadas de un delincuente.

Las conversaciones con el Consejo Legislativo podrían llevarse a cabo tan pronto como el próximo mes, según el Jiji Press.

Dado que la ley específica centrada en la incautación de fondos/activos conectados a la delincuencia organizada no esboza explícitamente ningún procedimiento relativo a las criptomonedas de orígenes ilícitos, existe la preocupación de que los delincuentes puedan continuar con el comportamiento ilícito a través de sus tenencias de activos digitales no incautados.

En la actualidad, la ley sólo establece que el tipo de activos que se pueden embargar son los bienes físicos, los créditos monetarios y los bienes muebles como la maquinaria, los vehículos, las herramientas y los suministros, sin que las criptomonedas entren en ninguna de esas categorías.

Una vez fijados los detalles, la modificación de la ley deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y luego por el Parlamento, y es posible que no encuentre mucha resistencia dada la naturaleza de la propuesta.

La noticia llega apenas unos días después de que el parlamento japonés aprobara un proyecto de ley para prohibir la emisión de stablecoins por parte de instituciones no bancarias, como parte de un impulso para reducir el riesgo del sistema y proporcionar una mayor protección a los consumidores.

Según el proyecto de ley, sólo los bancos autorizados, los agentes de transferencia de dinero registrados y las empresas fiduciarias locales pueden desarrollar y emitir stablecoins.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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